Por:Erwing Rodríguez-Salah

Jun/6
Opinión

Violación de la Autonomía Regional

Compartir

En franca violación de la autonomía regional y en contravía del espíritu descentralizador de nuestra Carta Magna, y amparándose, entre otros, en que la actividad minera debe ser estimulada para el aprovechamiento de los recursos naturales del subsuelo -Ley 685-, y en que el artículo 13 del Código de Minas declaró como de utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases, el Gobierno Nacional por medio del Minminas sancionó el decreto 0934 de 2013. Su articulado, así lo evidencia:

– “La decisión de establecer zonas excluidas y restringidas de la minería compete exclusivamente a las autoridades minera y ambiental”…, tradúzcase: ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden, permanente o transitoriamente, excluidas de la minería.

– El artículo 2º determina que, “dado el carácter de utilidad pública e interés social de la minería, a través del Ordenamiento Territorial no es posible hacer directa ni indirectamente el Ordenamiento Minero”, razón por la cual los planes de ordenamiento territorial de los municipios y distritos, “no podrán incluir disposiciones que impliquen un ordenamiento de la actividad minera en el ámbito de su jurisdicción, salvo previa aprobación de las autoridades nacionales.”

– En desarrollo de la anterior prohibición –reza el parágrafo 1º, del Artículo 2º- “los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales no podrán establecer zonas del territorio que queden permanentemente o transitoriamente excluidas de la minería mediante acuerdos municipales u ordenanzas departamentales respectivamente, por exceder el ámbito de sus competencias.”

– Y, por contera, el Artículo 3º contempla: “los certificados de uso del suelo expedidos por las autoridades departamentales o municipales, que prohíban o señalen como incompatible el ejercicio de las actividades mineras, no podrán ser reconocidos como exclusiones o limitaciones, por parte de las autoridades para el trámite y obtención de licencias…”

Esta es una de las formas en que el Gobierno prepara los rieles para su locomotora minera. La Corte Constitucional tiene la palabra.

Columna publicada en el periódico Vanguardia Liberal, Bucaramanga, jueves 6 de junio de 2013


Compartir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *